El pleno ordinario celebrado ayer por la Corporación municipal aprobó, con el voto favorable de La Línea 100×100 y la abstención del Partido Socialista (PSOE), la solicitud a los servicios jurídicos para analizar el sentido del “silencio administrativo” del Estado en relación a la propuesta de celebración de una consulta popular sobre la conversión del municipio en Ciudad Autónoma.
Como se recordará, en la sesión plenaria celebrada el pasado mes de marzo se resolvieron las alegaciones presentadas por el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía, remitiéndose dicha resolución a la administración autonómica para que a su vez lo enviara al ejecutivo nacional. El alcalde de la ciudad ha señalado tener conocimiento de que este envío por parte de la Junta al estado se produjo en abril, existiendo desde ese momento un plazo de tres meses para resolver en un sentido u otro la propuesta de celebración de la citada consulta popular. Ante la ausencia de respuestas, por parte municipal se va a solicitar un dictamen jurídico que determine los posibles efectos de este “silencio administrativo”. Juan Franco ha calificado la consideración de “Ciudad Autónoma” como un asunto “tremendamente importante par el municipio”, calificándolo como un enfoque muy destacado para solucionar sus problemas y poder dotarle de una estructura jurídico-administrativa diferente, confiando en seguir dando pasos en este sentido.
